MADRID. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, admitió ayer durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso que la regularización masiva de «sin papeles» provocó «un ligero repunte» de la inmigración ilegal. No obstante, el ministro aseguró que dada su poca intensidad no se puede hablar de un «efecto llamada», y destacó que las medidas de refuerzo de fronteras adoptadas por su Departamento han funcionado bien. Así, explicó que las expulsiones de irregulares han aumentado casi un 20 por ciento en el primer trimestre del año, al pasar de 21.547 en ese periodo del año anterior a los 25.664 de 2005.

La portavoz popular, Alicia Sánchez-Camacho, acusó al ministro de quedarse «cruzado de brazos» ante el imparable aumento de la inmigración irregular y trató de demostrar, esgrimiendo los datos del padrón, que la gestión del Gobierno socialista ha provocado que en estos momentos haya en España más de un millón de extranjeros «sin papeles».

Asimismo, la diputada del PP insistió en que la política del Ejecutivo socialista ha sido objeto de constantes reproches por parte de nuestros socios europeos, tal como quedó patente en la última reunión de ministros del Interior del G-5 celebrada la pasada semana en París. Alonso simplemente insistió en que sus colegas «me dijeron que respetaban el proceso y que no tenían problemas con el mismo». Sin embargo, no hizo la menor referencia a los reproches que en aquella ocasión hizo el ministro galo, Dominique de Villepin, quien aseguró que sería bueno que si algún país iba a adoptar en el futuro una iniciativa como esa lo consultara antes, ya que se trata de decisiones que afectaban a terceros estados. Además, recalcó que los regularizados en España no podrán trabajar en Francia, ni beneficiarse de su Seguridad Social, e incluso anunció que reforzaría las fronteras con España para impedir la entrada de estas personas. Sólo un día antes, en una entrevista en «Le Figaro», afirmaba que los procesos de regularización masivos estaban «fuera de lugar» y provocaban un «efecto llamada».

Alonso anunció además en la comisión que en un plazo de dos meses todas las compañías aéreas deberán facilitar a la Policía el listado completo del pasaje que viaja a España en cuanto finalice el embarque. Se trata de una medida cuya iniciativa se debe al Gobierno del PP y que respondía a la evidencia de que la mayor parte de los inmigrantes irregulares entran en España por vía aérea como turistas. Este dispositivo ya se aplica de manera experimental con Iberia, Spanair y Air Europa. El objetivo es que se envíe la información cuando termine el embarque y antes del despegue, de modo que se pueda evitar la salida del extranjero del país de origen o impedirle la entrada nada más aterrizar en el aeropuerto español.