La improvisación municipal conduce a que las ONG’s acusen a la alcaldesa de tomar decisiones “a merced de impulsos personales” . La falta de medios, la descoordinación y las contradicciones surgidas entre las dos principales administraciones con competencias en asistencia a inmigrantes, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, han conducido al fracaso el programa de atención que Servicios Sociales municipales venía gestionando desde noviembre para fomentar la integración de un grupo de 40 rumanos que se albergaban en las instalaciones del Camping Municipal El Brillante.

Sin embargo, la versión oficial del gobierno municipal argumenta todo lo contrario. Así, como causas mayores del desalojo y finalización del programa de trabajo, los responsables municipales han responsabilizado a las familias que permanecían en el camping, aduciendo que incumplían el contrato que supeditaba esta ayuda pública a unas normas de conducta de obligado acatamiento -no mendigar con menores, uso inadecuado de vivienda, escolarizar a los niños…-, además de acusar a algunos de estos inquilinos de guardar objetos robados en el interior de las instalaciones municipales. En boca de la propia alcaldesa, Rosa Aguilar, los rumanos estaban “rompiendo la convivencia,” motivo que trató de defender en una comparecencia ante los medios de comunicación al insistir en que el Consistorio de Córdoba no puede “dar amparo a delincuentes ni a personas que utilicen a los niños para mendigar.”

Para las ONGs cordobesas, sin embargo, las palabras de la alcaldesa tras el desalojo “sólo toman la parte por el todo,” afirma Ana Pérez, coordinadora de Córdoba Acoge. Por lo que, desde esta asociación, no han tardado en criticar la iniciativa de Capitulares, ya que “se debería haber realizado una evaluación del proyecto” para detectar dónde se desviaban los objetivos marcados inicialmente en el programa, apunta. De ahí que, en opinión de Pérez, “de poco vale la excusa de que los rumanos no se han conseguido adaptar” para justificar su salida del camping. Por otro lado, con comentarios como los vertidos por la alcaldesa, “se está criminalizando la actuación del colectivo rumano,”según la vocal de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), Ángeles Marco, quien considera que “se les están imputando delitos que no han cometido.”

Con todo, desde un principio, la postura defendida por el Consistorio para forzar la salida del camping de las familias rumanas tiene varias lagunas. Una de ellas es que sólo cuatro días antes de la expulsión, Aguilar ofrecía a la prensa un discurso completamente antagónico y contradictorio al expuesto anteriormente, puesto que defendía firmemente la labor de Servicios Sociales municipales y el comportamiento intachable mantenido por las familias rumanas. “El Ayuntamiento está trabajando con este colectivo y nos consta que cumplen todas las normas,” fueron sus palabras. Un posicionamiento que no se corresponde con la visión de los técnicos del programa social, según ha podido tener constancia este semanario.

Una expulsión con tintes políticos

Para algunas fuentes próximas a Servicios Sociales, la mayoría de los talleres y actuaciones que se recogían en este plan no pudieron llevarse a cabo por diversos motivos; por un lado, debido a la resistencia de los propios rumanos a cambiar de hábitos y, por otro, a causa de la descoordinación y precariedad de medios con los que se trabajaba en el camping desde un primer momento. No obstante, desde que comenzaron los trabajos con estas familias en noviembre, los problemas por falta de disciplina se han repetido habitualmente y, en ningún momento, se reformularon los métodos de trabajo ni se ampliaron los recursos humanos o materiales, amén de que tampoco se acusó a los rumanos de incumplir el contrato que tenían suscrito con Servicios Sociales y, por lo tanto, no se planteó la finalización del programa por problemas de conducta.

Ante la inesperada marcha de los rumanos hace ahora una semana, “los técnicos se sienten impotentes, porque saben que la decisión ha sido política y hubieran preferido seguir trabajando con el grupo, ya que desde un principio eran conscientes del reto que planteaba este trabajo,” aparte de que muchas de las razones que se han argumentado para sacar a los rumanos del camping no eran nada nuevas, aseguran fuentes solventes. Un ejemplo de ello es la mendicidad con menores los fines de semana, únicos días en los que se paralizaba el programa de atención municipal, y que ha sido el principal desencadenante esgrimido por Servicios Sociales para provocar el desalojo del camping. En opinión de APDH, la falta de flexibilidad en la actitud municipal denota que “se está pidiendo a los rumanos que cambien radicalmente de hábitos,” considera Ángeles Marco, sobre todo cuando estas mujeres están acostumbradas a estar en permanente contacto con sus hijos.

Un programa caótico

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de la intermediación social con estas familias ha sido la barrera del idioma, debido a las dificultades “para encontrar un traductor.” A partir de aquí, el lenguaje se convirtió en uno de los puntos de inflexión para desarrollar con éxito el programa, ya que “los traductores y voluntarios iban cuando podían,” se comenta dentro de Servicios Sociales.

Con un grupo de cuatro técnicos, apoyados por algunos monitores y voluntarios, la asistencia social se mantenía en pie a duras penas, pues difícilmente se podían evaluar muchos de los hábitos y objetivos propuestos por los técnicos en el programa, al tiempo que el control y vigilancia total de las familias rumanas resultaba harto difícil, y más aún, de viernes a domingo.

En este punto, es cuando desde el Ayuntamiento se ha acusado a la Junta de Andalucía de no facilitar recursos para atender a los rumanos del camping, mientras que desde la administración autonómica aducen que todavía están esperando “el Plan de Integración que el Consistorio se comprometió a diseñar,” a partir del cual deberían fijarse unos mínimos de colaboración entre administraciones, apuntó a El Semanario Soledad Pérez, delegada de Bienestar Social e Igualdad.

Estos rifirrafes han dado lugar a que el trabajo con los rumanos fuera cada vez a peor. “El taller de formación para los mayores no se pudo terminar” y sólo se ha llevado a cabo durante aproximadamente dos semanas. Con esta actividad, los técnicos pretendían fomentar hábitos de higiene, alimentación y, por encima de todo, ampliar el conocimiento del español en los adultos; algo a lo que los rumanos se han mostrado muy reacios desde la puesta en marcha de esta iniciativa. Sin embargo, poco o nada, se podía hacer para corregir esta conducta dadas las precarias condiciones en las que los técnicos municipales tenían que desarrollar su labor.

Por otro lado, ninguna de estas actividades se orientó hacia la formación profesional o búsqueda de empleo, tal y como también recogía el convenio entre la Corporación local y las familias rumanas. Para justificar esta omisión, estas mismas fuentes próximas a Servicios Sociales y consultadas por este medio, responsabilizan de ello a la Administración autonómica al aducir que “la Junta no se ha volcado en el programa,” aunque desde un principio el compromiso y la iniciativa del mismo corrieron a cargo de la Corporación local.

En cuanto a los menores, durante este tiempo el Ayuntamiento ha estado trabajando con los bebés y con niños con edades comprendidas entre los 1 y 3 años. Para desarrollar hábitos de higiene, vestimenta y aprendizaje del idioma “al principio se empezó a trabajar en las instalaciones del Centro Cívico Norte, aunque no por mucho tiempo porque las madres se negaban a estar separadas de sus hijos,” comentan allegados a los técnicos. Para habilitar una solución intermedia, los monitores infantiles se trasladaron con los menores al mismo camping, cerca de sus familiares, donde las instalaciones no son las más adecuadas para este tipo de actividades.

Según declaran estas fuentes, no hubo un acuerdo entre administraciones para escolarizar a los menores, algo que no concuerda con las afirmaciones realizadas a El Semanario por la delegada de Bienestar Social e Igualdad, Soledad Pérez, ya que “no hemos recibido ninguna solicitud de escolarización por parte del Ayuntamiento.” Pues según la delegada, la concejal de Educación, Elena Cortés, comunicó a la Junta que “los menores rumanos se encontraban en la guardería municipal”.

Todas estas contradicciones tienen su culmen en las afirmaciones que sostiene el Ayuntamiento pocos días después de forzar la marcha del camping de 40 rumanos, pues se asegura que “a día de hoy (por 24 de febrero) todos los menores del camping se encuentran escolarizados,” según fuentes municipales.

Condenado al fracaso

Con todo, la falta de sintonía entre administraciones y la precariedad de medios puestos a disposición por el Ayuntamiento no ha hecho más que prolongar la agonía de un programa que no respondía de manera integral a las necesidades del colectivo rumano, sobre todo porque cientos de ellos llevan meses vagando por la ciudad sin haberse podido acoger al recién finiquitado proyecto.

En Madrid, ciudad pionera en implantar un modelo de atención específico para la comunidad rumana de etnia gitana, la asociación católica ACCEM gestiona con éxito un programa de formación e integración social para familias (APOI) financiado entre la administración autónoma y el Ayuntamiento de Madrid. La coordinación, la metodología y los recursos, en comparación con los de la región andaluza, son abismales. “La intervención social no es sólo dar un lugar donde estar, sino que hay que individualizar el proceso de atención adaptando los recursos a las necesidades,” sostiene el coordinador del programa madrileño.

En Andalucía, en cambio, en la Dirección de Coordinación de Políticas Migratorias “no hay planes concretos para atender a colectivos específicos,” afirman desde esta institución, por lo que las ayudas autonómicas se distribuyen a través de pequeñas subvenciones recogidas en el Plan de Inmigración andaluz que, de este modo, desplaza estas competencias a los municipios sin dotarlos con financiación suficiente.