El caso del ecuatoriano Gilberto Antonio Chamba Jaramillo, acusado de haber matado a María Isabel Bascuñana, ha suscitado en este país fuertes reacciones con el fin de cambiar una ley que le permitió anular un expediente policial en el que constaba el asesinato de ocho mujeres.

En Ecuador, el derecho a limpiar por completo el registro policial de las personas no tiene apenas límites y existen agencias de abogados que se anuncian en las calles y ofrecen sus servicios para llevar a cabo los trámites oficiales requeridos.

Fue de esa manera como Chamba Jaramillo pudo blanquear por completo su expediente de antecedentes penales en pocas semanas y viajar a España el 23 de noviembre de 2000, apenas tres meses después de haber salido de prisión. Tan sólo cumplió la mitad de una sentencia de 18 años por haber asesinado a ocho mujeres entre 1988 y 1993.

En el nuevo proceso de regularización de inmigrantes, que comenzará el 7 de febrero, uno de los requisitos imprescindibles será aportar el certificado de antecedentes penales. El Gobierno socialista estima que éste será un importante filtro para evitar que se produzcan casos como el de Chamba Jaramillo y critica que el Ejecutivo del PP no exigiese este requerimiento y permitiese al delincuente ecuatoriano conseguir los papeles.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, afirmó que en el proceso de regularización extraordinario de 2001 se exigían escasos documentos a los extranjeros que trataban de legalizar su situación y acusó de «laxitud» al Ejecutivo del PP. Sin embargo, el portavoz de esta formación en Cataluña, Daniel Sirera, resaltó que la Dirección Nacional de la Policía Judicial de Ecuador expidió el año pasado un certificado donde se hacía constar que Chamba no tenía antecedentes penales.

Los requisitos exigidos ahora por el Gobierno en la nueva regularización se pueden dar de bruces con las prácticas y la normativa existente en los países de origen, donde comprar o blanquear documentos oficiales está a la orden del día.

Llamado por la prensa el ‘Monstruo de Machala’ al haber cometido todos sus crímenes en esa provincia del suroeste de Ecuador, la principal región bananera del país, Chamba se benefició de un indulto general extraordinario que lo puso en la calle después de cumplir tan sólo ocho años de condena.

En España pidió el permiso de residencia y lo obtuvo tres meses después al demostrar «arraigo social», pero a finales del pasado mes de noviembre fue detenido y acusado de estrangular en Lleida a María Isabel Bascuñana, estudiante de 21 años.

El coronel Arturo Cevallos, jefe de la Policía Judicial de Machala, explicó que los antecedentes delictivos pueden borrarse en virtud del artículo 20, numeral 15 del Reglamento de la Policía Judicial, basado en el artículo 94 de la Constitución sobre el hábeas data. La normativa es tan amplia y «generosa» que no hay discriminaciones en función de la gravedad de los delitos cometidos, e incluso los beneficiarios que vuelvan a delinquir pueden acogerse de nuevo a la ley tantas veces como quieran una vez que salgan de la cárcel. Paradójicamente, la única restricción que existe para ejercer el derecho a blanquear el antecedente penal la establece el artículo 121, inciso 2 de la Constitución, para los casos de robo de fondos públicos, cohecho y enriquecimiento ilícito. El mismo magistrado que condenó a Chamba en 1993, el juez quinto de lo Penal de Machala, Oscar Solano Prendes, opinó que es necesario revisar la ley porque su intención se ha diluido al no existir en Ecuador un proceso de rehabilitación del delincuente. «Aunque una persona que cumplió una sentencia tiene derecho a reinsertarse plenamente en la sociedad, la normativa debería adecuarse a los casos de asesinos en serie y con conductas incorregibles», agregó Solano.

Conceptualmente, la ley ecuatoriana sobre antecedentes penales persigue preservar el derecho de los ciudadanos a poder rehacer sus vidas después de haber pagado a la sociedad por los delitos cometidos, sin riesgo de ser estigmatizados o marginados.

Así lo explicó Patricia Coronel, defensora adjunta del Pueblo, quien, no obstante, matizó que «deberían analizarse cuidadosamente determinados casos concretos».

Billy Navarrete, coordinador del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), coincidió también en señalar que el problema fundamental es la falta de un sistema de rehabilitación que permita recuperar socialmente a los ex presidiarios, lo cual crea «un callejón sin salida».

En relación con este asunto, el comandante general de la Policía, Jorge Poveda, indicó el pasado viernes que el Estado ecuatoriano pagará los 200.000 dólares que costará enviar próximamente a España una brigada de 15 policías para entregar los certificados de antecedentes penales a sus compatriotas establecidos allí. Se desconoce todavía si los certificados que se entregarán allí a los ecuatorianos son los originales o los blanqueados posteriormente.