Julio Yao

Quienes estén convencidos de que la dominación de un país por otro constituye algo así como una manifestación de las leyes de la naturaleza, no deben escuchar ni leer las siguientes palabras, porque perderán su tiempo. La sentencia a la pena máxima de tres personas que se apoderaron de una lancha de pasajeros en La Habana -cuyas vidas estuvieron en peligro- y el encarcelamientos de otras por el delito de colaborar con la agresión, la intervención y el bloqueo de una potencia extranjera a Cuba -delito de “traición nacional” en todos los países del mundo- ha propiciado que arrecien las críticas a Cuba por violación a los derechos humanos. A los medios de comunicación usualmente proclives a EE.UU. se suman con frecuencia otros que, sin proponérselo, cumplen un papel funcional a la conducta antijurídica del régimen de Bush al emplear un doble discurso sobre los derechos humanos que es instrumentado como arma eficaz contra Cuba.

No cabrían en este espacio todas las consideraciones que necesitaríamos hacer, tanto en el aspecto teórico como en el metodológico, para examinar las cuestiones de todo orden implícitas en un tratamiento integral del tema, algo absolutamente indispensable para hacernos un juicio cabal de lo que está bajo examen. Porque justamente, y visto el rumbo que lleva el debate globalizado, no resulta claro cuál es su finalidad. ¿Se trata de determinar si Cuba se atuvo al marco legal, nacional e internacional? ¿De saber si las acciones de Cuba son legítimas? ¿De aclarar si la actuación de Cuba, al juzgar los actos terroristas o subversivos, beneficiará o perjudicará a la revolución cubana o, en todo caso, a su pueblo? ¿De determinar si las sentencias eran necesarias o imprudentes? ¿De esclarecer si los fallos proferidos son inherentes al sistema político? Estas interrogantes requerirían el examen de diversos contextos, y algunas han sido abordadas con franqueza y buena fe por amigos de Cuba. Por nuestra parte, intentaremos sólo dar inicio a una serie de reflexiones preliminares.

En efecto, el cruce de sables ha avanzado mucho más allá de donde lo dejó Saramago, Nobel de Literatura, el pasado 16 de abril; más allá de donde lo dejó nuestro admirado amigo Eduardo Galeano, el 18 de este mes. No obstante, algunos analistas -y esto lo explota bien el régimen de Bush- usan las opiniones de Saramago y Galeano contra los procesos instaurados el pasado mes sin advertir para nada que una corriente mayoritaria de no menos connotados intelectuales, socialistas, humanistas, liberales, socialdemócratas, pensadores y teóricos, ha expresado oposición a la pena de muerte o a la necesidad de emplearla en esta coyuntura, sin que ello les impida reafirmar, y menos olvidar, que Cuba es objeto de agresión e intervención permanente por parte de EE.UU.; que Cuba tiene, como todos los Estados, derecho y deber de defender su integridad territorial, su independencia y la seguridad nacional y humana de sus habitantes. Como derecho a su defensa, debe al menos permitirse al gobierno de Cuba explicar en detalle todo cuanto sea necesario para que la opinión mundial conozca cómo ocurrieron los hechos. Y decimos “conozca cómo ocurrieron los hechos” porque, pese a que el gobierno de Cuba ha dado abundantes explicaciones ante la prensa nacional e internacional a través del canciller Felipe Pérez Roque y de Isabel Allende, embajadora de Cuba en España, entre otros, la nación del mundo no ha podido enterarse de dichas explicaciones porque los medios de comunicación no le han dado paso.

Frente a esta laguna, ¿cómo esperar que la opinión pública pueda formarse juicio y aquilatar lo que tanto medios como personalidades manifiestan en torno al tema? Justamente, de este problema, trata esta reflexión: de la parcialidad informativa, de los juicios infundados y del consiguiente doble discurso y la doble moral de los derechos humanos que tratan de inculpar a Cuba y exonerar a EE.UU. Y hablamos simultáneamente de Cuba y de EE.UU., y no solamente de Cuba, porque nada o casi nada de lo que ocurre en Cuba en su orden externo está orgánicamente desligado de lo que EE.UU. ha hecho y hace en Cuba.

¿Qué de extraño tiene la pena de muerte? No obstante una legislación creciente en contrario, la pena de muerte existe legalmente en no menos de 80 países, EE.UU. en primer lugar. La hiperpotencia ostenta el récord de penas de muerte en el mundo. El estado de Texas posee el récord de penas de muerte entre todos los estados de la Unión, en tanto que el exgobernador de Texas, George W. Bush, actual jefe de la Junta Militar en Washington, es, entre todos los gobernadores a lo largo de la historia, quien se lleva el campeonato: mandó a ejecutar a 157 personas (incluidas algunas mujeres), 12 de las cuales eran menores de 18 años de edad y una, un enfermo mental y minusválido. Tan repugnante fue esta última sentencia, que el propio Papa le rogó a Bush suspenderla, sin éxito. La mayoría de los ejecutados eran negros e hispanos, los mismos que van a la guerra. ¿Y qué ha dicho Bush al respecto? Dijo: “Yo apoyo la pena de muerte, creo que es una medida que ayuda a salvar vidas”. Pero no hemos visto críticas a Bush tan entusiastas como las que se hacen espontáneamente contra Cuba. Algunos tratados internacionales prohíben las penas de muerte a menores de edad y enfermos mentales, pero ésta, que es práctica corriente en EE.UU., no lo es en Cuba, donde no sólo no se ejecutan a menores de edad, enfermos mentales y minusválidos, sino tampoco a mujeres. A título de ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3.7, prohíbe la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años. Cuba la incorporó a su legislación, pero EE.UU. no. ¡Nada extraño para una superpotencia que no ha ratificado la Convención contra el Genocidio, que ha rechazado la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, y que nos ha condenado a todos a la muerte al rechazar el Protocolo de Kyoto!