La oleada de violentos robos que atemoriza en las últimas semanas a buena parte de la ciudadanía española ha disparado la sensación de inseguridad entre los españoles. La violencia que, en muchos casos, emplean los delincuentes ha disparado las alarmas. Como apuntan los expertos policiales, del clásico «macarra» nacional poco dado a recurrir a la agresión física como método para conseguir su botín, se ha pasado en los últimos años a un nuevo tipo de criminal menos escrupuloso. De hecho, y según las estadísticas que manejan las Fuerzas de Seguridad, el pasado año el 30 por ciento de las muertes y lesiones que se produjeron en España tenían como autores a delincuentes extranjeros, muchos de ellos procedentes de países del Este que se aprovechan de la porosidad de la frontera pirenaica para entrar en territorio nacional. Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en una semana pueden entrar por el aeropuerto de Barajas o por la frontera francesa el mismo número de inmigrantes ilegales que en un año en pateras. Y aunque no crean la alarma social que los subsaharianos, muchos de los que se cuelan son tipos muy peligrosos. «Hablamos, en muchos casos, de sujetos que han tenido una formación militar de varios años y una guerra de por medio que les ha otorgado una experiencia importante», explican expertos policiales. Y su «modus operandi» incluye el uso de la violencia sin excesivas contemplaciones. «Su escala de valores es muy diferente a la nuestra», explica un funcionario de prisiones que trabaja a diario entre ellos. Falta de información. La Policía y la Guardia Civil se enfrentan, además, a un importante hándicap a la hora de combatir a estos criminales. Ya desde el mismo momento en que ponen un pie en España, están, en muchos casos, organizados. Pero las Fuerzas de Seguridad lo desconocen. «No tenemos datos, ni antecedentes, ni archivos, ni fotografías», apuntan desde el SUP. «Y eso no se soluciona crean centros de coordinación, sino destinando más recursos a la investigación propiamente dicha», apunta otro experto policial. De manera recurrente, los miembros de ambos cuerpos de seguridad apuntan al endurecimiento de penas como solución para atajar la actividad del crimen organizado en España. «Los delincuentes se aprovechan del sistema garantista español, de que aquí se respetan sus derechos y, en el peor de los casos, saben que pasar una temporada en cárceles españolas es mucho más confortable que estar en prisión en sus respectivos países». Sin embargo, el incremento de penas introducido tras la modificación del Código Penal en 1995 para los delitos más graves ha tenido un pernicioso efecto en el sistema penitenciario español -que ha dejado de ser ese «confortable» lugar debido a que se encuentra casi al doble de su capacidad- y en el que el 30,74 por ciento de los reclusos, en consonancia con las estadísticas policiales, son extranjeros. Para el SUP, sería bueno implantar como medida disuasoria la reforma legal necesaria para expulsar de una forma rápida, con independencia del cumplimiento de las penas, a este tipo de criminales y prohibir su entrada de nuevo en España durante un largo periodo de tiempo de al menos diez años a estos delincuentes «que están haciendo un gran daño a los verdaderos inmigrantes» y pueden degenerar en graves problemas de xenofobia.