Dos aviones ATR-42 de la compañía Swiss Air parten a diario desde el aeropuerto de Las Palmas con destino a cuatro puntos de la Península que se alternan: Madrid, Málaga, Valencia y Murcia. Los pasajeros son colonos subsaharianos en situación ilegal -cuarenta y ocho máximo por cada vuelo- y policías nacionales de Extranjería encargados de su custodia -cinco de media en cada trayecto-. En los últimos meses, estos viajes sufragados por el Ministerio del Interior, que no son nuevos, se han generalizado tras el cambio de tendencia de las mafias de las pateras que introducen vía Canarias a centenares de invasores del África subsahariana. Una vez en la ciudad designada, los «sin papeles» son abandonados a su suerte en la calle ante el colapso de los centros de internamiento, según admiten fuentes policiales.

El año pasado sólo a Madrid fueron enviados en avión desde Canarias 2.200 subsaharianos, según confirmaron fuentes de Barajas. Lo hicieron en idénticas condiciones, en aviones fletados por el Gobierno y bajo la cobertura de una Ley de Extranjería insuficiente. El Reglamento recién aprobado no hace sino ampliar la carta de naturaleza de este desaguisado con el «efecto llamada» de la disposición transitoria. La cifra total de traslados a la Península el año pasado superaría las cinco mil personas, según estas fuentes, mientras que otras la disparan hasta las nueve mil.

El secreto oficial que envuelve los traslados alimenta la diferencia de estadísticas. Los viajes responden al siguiente patrón. Tras la llegada de una patera los inmigrantes son registrados. Si se trata de marroquíes son devueltos a su país en 48 horas, en otro tipo de vuelos. Un avión ATR 72 de la misma compañía con la que Interior firmó un convenio, con 70 plazas para inmigrantes y diez para sus guardianes, recoge a los viajeros en varios puntos de la Península y vía Málaga los traslada hasta Melilla, donde son puestos a disposición de las autoridades alauitas. En el caso de los subsaharianos sólo si se puede demostrar que proceden de Nigeria, país con el que existe un convenio, será posible el proceso de devolución; en caso contrario, los inmigrantes ingresan en uno de los centros de internamiento de Fuerteventura, donde pueden estar un máximo de 40 días y pasado ese tiempo son conducidos a la Península.

En la terminal de carga de uno de los cuatro aeropuertos citados, un autobús o un furgón policial recoge a los irregulares y los traslada al centro de internamiento de la ciudad, donde se constata su llegada y quedan en libertad. En teoría después pueden ser detenidos por infracción a la Ley de Extranjería, pero como no hay dónde devolverlos, significaría empezar de nuevo. Su situación de ilegalidad permanente comienza así a consolidarse.

Balla Fofana, nacido en Samakulu (Mali), acaba de cruzar la puerta de la madrileña comisaría de Moratalaz que lo separaba de la libertad. Con 25 años su única pertenencia es un documento colgado al cuello que certifica que no va a ser repatriado a su país. Sellado por la Comisaría de Policía de Fuerteventura y firmado por el director del centro de internamiento «El Matorral», acredita que Balla ha permanecido ingresado desde el 12 de diciembre hasta el 12 de enero, a disposición del Juzgado número 3 de Puerto del Rosario y le permite quedar libre puesto que no existe convenio de repatriación con Mali.

Un periodista pasó las primeras horas de su insólito estreno en Madrid con cinco jóvenes de este país. Balla Fofana y sus cuatro compañeros (de entre 18 y 25 años y con idéntico certificado de permanencia) salieron de sus pueblos hace dos meses. En Marruecos entraron en contacto con una mafia para la travesía en patera. El día 11 de diciembre partieron de El Aiyun tras pagar unos 1.000 euros cada uno con otras 32 personas. El viaje fue razonablemente bueno si tenemos en cuenta que les alcanzó la gasolina, ninguno se cayó al mar y, pese a la hipotermia, su juventud les ayudó a recuperarse. Ingresaron en «El Matorral» al día siguiente, sin un solo documento que acredite quiénes ni de dónde son. Diez días antes de que venciera el periodo máximo de encierro el director del centro les expidió el ansiado documento que les otorgaba la libertad.

Con ese papel se abren dos posibilidades: dejarlos en las calles de las islas o trasladarlos a otros puntos. Las quejas de Canarias provocaron hace ya varios años que primero el Gobierno del PP y ahora el del PSOE optaran por «derivarlos» a la Península y dejarlos a su suerte. Balla y otras 69 personas embarcaron el miércoles 12 en Fuerteventura en sendos aviones, custodiados por una decena de policías. La primera parada la hicieron en Valencia, donde desembarcó la mayoría del grupo, al que esperaba un autobús vigilado. El resto, entre ellos Balla, aterrizó en Barajas a las dos de la tarde. Les aguardaba a pie de pista un furgón celular de la Unidad de Intervención Policial que los condujo directos a Moratalaz, donde está situado el centro de internamiento de Madrid. No pasaron ni media hora en estas dependencias, pues su certificado de permanencia equivale al pasaporte hacia la libertad.

A las cuatro de la tarde los encontramos cuando salían a pie de la comisaría, por la misma puerta que acababan de franquear custodiados, vestidos con ropas de tercera mano y su documento al cuello. Tres de ellos llevaban un teléfono móvil apuntado en una servilleta, único enlace con un país, un idioma y alguien conocido. Intentaron llamar, sin dinero, desde una cabina pública a esos teléfonos que traían y que eran su única tabla salvavidas. «La Policía dice que somos libres», proclama Drana Toure, de 20 años. Les preguntamos si han comido y aseguran que no, si conocen a alguien y se enzarzan en una explicación imposible. Son las seis de la tarde y los cinco jóvenes de Mali empiezan a tiritar debajo de unas ropas que conocieron tiempos mejores. La ronda de llamadas continúa. Al otro lado del teléfono un supuesto compatriota habla de Barcelona y Almería como destino mágico y pone precio: cincuenta euros, que en seguida interpretan como lo que les costará el viaje.

Los cinco son musulmanes, jóvenes y casi analfabetos y con algunos parientes o vecinos en España quedan expuestos a la «gentileza de los desconocidos». Sus compañeros de avión correrán una suerte parecida. El ritual se repite. Recogida policial en el aeropuerto de Valencia, traslado al centro de internamiento e inmediata libertad sin ningún medio de subsistencia y con muchas posibilidades de acabar delinquiendo para vivir. El viernes pasado Interior fletó otro avión de menesterosos. Esta semana habrá nuevos vuelos. Sus pasajeros creen que han llegado a Jauja, pero no: están en Madrid, en Málaga, en Valencia y en Murcia. Otra muestra de como cambia el poder a los “demócratas”: el PSOE cuando estaba en la oposición criticó duramente estas medidas pero ahora no sólo sigue los pasos del PP sino que los intensifica.