El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha reconocido el derecho de un inmigrante a regularizar su situación en España tras serle denegada la solicitud por la Subdelegación del Gobierno de Barcelona. El Alto Tribunal discrepa del criterio de la Administración y considera que un contrato de los denominados «basura» tiene validez a efectos de conceder el permiso de trabajo y residencia. En julio de 2002, la Subdelegación del Gobierno en Barcelona denegó el permiso de residencia y de trabajo a Carlos Alberto V. V. por considerar que su solicitud «no cumplía con los requisitos legales de la Ley Orgánica 4/2000».

El solicitante aportó una oferta de trabajo como peón de carga y descarga para una empresa de colocación de suelos de madera. El contrato era temporal, de una duración de 10 meses con uno de período de prueba y una jornada de trabajo de 40 horas semanales, y se realizaba en virtud de la previsión legal de «incremento de productividad», una de las modalidades contractuales conocidas como contratos «basura». Según la administración, la oferta laboral presentada «no garantizaba al trabajador una actividad continuada durante la vigencia del permiso de trabajo» como exige el Real Decreto de 864/2001. El inmigrante recurrió la resolución denegatoria ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC. El tribunal considera que existe una oferta de trabajo para un puesto concreto y con una duración determinada que la empresa obliga a respetar.