David Bacon

No importa que el código legal iraquí esté en un estado caótico. Que las calles de Bagdad estén repletas de ladrones y secuestradores que no parecen temer que los arresten. Pero evidentemente las autoridades de ocupación de EE.UU., por lo menos son capaces de identificar un crimen. La protesta de los cuatro millones de desocupados en Irak es una violación de la ley.

El 29 de julio, las fuerzas de ocupación en Irak detuvieron a un líder del nuevo movimiento sindical que emerge en Irak, Kacem Madi, junto con otros 20 miembros de la Unión de Desocupados. Los sindicalistas habían estado realizando una sentada para protestar contra el trato dado a los trabajadores desocupados de Irak por la autoridad de ocupación de EE.UU., y porque los contratos para los trabajos de reconstrucción del país han sido otorgados en su inmensa mayoría a corporaciones de EE.UU.

Su protesta comenzó cuando cientos de trabajadores desempleados se reunieron frente al antiguo edificio de un banco en Abu Nawas Street. De ahí partieron hacia la oficina del consejo de ocupación gobernante. Según Zehira Houfani, miembro del Proyecto de Solidaridad con Irak en Canadá, que presenció la protesta, cuando los trabajadores habían realizado anteriormente manifestaciones similares siempre se habían dispersado en ese punto. Cada vez, sin embargo, declaró Madi a Houfani, “los representantes de las fuerzas ocupantes se reunieron y discutieron con nosotros, prometieron resolver el problema, pero una y otra vez no cumplieron con sus promesas y tuvimos que volver a salir a la calle”.

En esta ocasión los trabajadores decidieron aumentar la presión sobre las autoridades de EE.UU. Cumpliendo con una antigua tradición de los trabajadores de México a las Filipinas, establecieron un plantón, o sea una carpa, delante de las puertas del consejo. Los soldados de EE.UU. de guardia les ordenaron que se dispersaran, pero los trabajadores se negaron. Cayó la noche. Luego, a la una de la mañana, los soldados volvieron, arrestaron a 21 manifestantes y los llevaron al interior del complejo donde los retuvieron hasta la mañana siguiente.

Un sindicalista arrestado, Ali Djaafri, de 58 años, declaró a Houfani que la experiencia fue “muy humillante. En ningún momento durante la ocupación”, dijo, “ha sido más fuerte mi resentimiento contra los soldados de EE.UU.”

En ciudades como Bagdad la tasa de desempleo es de más de un 50%. Madi calcula que hay cuatro millones de trabajadores iraquíes sin trabajo. Miles de trabajadores del sector público, empleados por el antiguo gobierno, perdieron sus puestos después de la guerra. Muchos trabajaban en sectores que iban de la salud a la educación, y esos servicios aún no han sido reestablecidos. No hay dinero para pagarles, ni un gobierno iraquí que los emplee. Incluso los archivos sobre sus empleos fueron quemados en los saqueos posteriores a la ocupación de Bagdad.

Otros miles trabajan en las empresas estatales del antiguo gobierno. Muchas han sido cerradas, y las autoridades de ocupación han anunciado su intención de privatizar amplios sectores de la antigua economía.

Todo esto se suma a los miles de familias de trabajadores que enfrentan una extrema crisis económica. Como resultado, el nuevo sindicato de trabajadores desempleados se ha convertido en la mayor organización laboral, de crecimiento más rápido, en el país.

Al mismo tiempo, el tema de los contratos extranjeros se ha convertido en una ardiente controversia entre los trabajadores iraquíes porque las corporaciones de EE.UU. llevan trabajadores al país para trabajar bajo esos contratos. Recientemente, por ejemplo, se descubrió que una firma kuwaití que trabaja como subcontratista para el gigante de la construcción Kellogg, Brown and Root, estaba importando trabajadores asiáticos al puerto de Basora para realizar trabajos de reparación y reconstrucción. Mientras tanto, trabajadores iraquíes con muchos años de experiencia permanecen sin ningún trabajo.

Kacem Madi y otros dirigentes de los sin trabajo dirigieron la sentada de protesta por esta discriminación y anunciaron que continuarían sus manifestaciones hasta que reciban trabajo o algún tipo de pago por desempleo. Pero las autoridades de ocupación, en lugar de tratar de encarar el problema, los arrestaron. Organizaciones sindicales internacionales, incluyendo la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (de la que es miembro la AFL-CIO) han criticado severamente la desesperada situación de los trabajadores iraquíes. “El respeto de los derechos de los trabajadores, incluyendo la libertad de asociación debe ser un tema central en la construcción de un Irak democrático y para asegurar un desarrollo económico y social sostenible”, dijo la CISL en una declaración del 30 de mayo. “La democracia tiene que tener raíces. Requiere elecciones libres, y también sindicatos democráticos basados en la masa, que ayuden a asegurarla y protegerla, y que sean al mismo tiempo escuelas de democracia”.

Los sindicalistas árabes son aún más críticos del efecto de la ocupación sobre los trabajadores. Según Hacene Djemam, Secretario General de la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes, “la guerra facilita la privatización: primero destruyen la sociedad y luego dejan que las corporaciones la reconstruyan”. Subrayó que los trabajadores iraquíes tienen que poder formar sindicatos elegidos por ellos mismos.

Por desgracia, las corporaciones que han recibido contratos de la administración Bush para trabajar en Irak tienen antiguos antecedentes de lucha contra los sindicatos y de violación de los derechos laborales. En mayo, Amy Newell, coordinadora nacional de Trabajadores de EE.UU. Contra la Guerra [USLAW, por sus siglas en inglés], y ex secretaria ejecutiva del Consejo Central Laboral de Monterey/Santa Cruz, fue a Ginebra a presentar un informe a los organismos internacionales del trabajo, subrayando el historial de 18 de esas corporaciones.

USLAW es una red de sindicatos y otras organizaciones laborales opuestos a la política de EE.UU. en Irak. La organización acusa al gobierno de EE.UU. de pagar por un presupuesto militar inflado con severos recortes en los programas sociales interiores. Creció de las numerosas manifestaciones anteriores a la invasión del 20 de marzo, cuando sindicatos que representan a casi un tercio de todos los trabajadores organizados de EE.UU. se habían declarado contra la guerra. Entonces incluso la propia AFL-CIO se había opuesto en público a la política de Irak de la administración Bush.

Las compañías mencionadas en el informe presentado en Ginebra incluyen a:

· Stevedoring Services of America, [SSA]. SSA lideró los esfuerzos de los operadores portuarios de la costa del Pacífico por declarar un lockout contra los estibadores de la costa oeste, y trabajó con la administración Bush para amenazar a la International Longshore and Warehouse Union [ILWU] con la ruptura de su acuerdo para la costa y con el ingreso de la tropa a los muelles. El portavoz de la ILWU, Steve Stallone, calificó a SSA de “ideológicamente contraria a los sindicatos y a la ILWU.”

· MCI Worldcom. Worldcom tiene un prolongado historial de oposición a los intentos de los trabajadores de organizarse. Se declaró en bancarrota en 2002 después de pretender fraudulentamente haber hecho 11.000 millones de dólares en beneficios. Como resultado, los ahorros de los fondos de pensión de miles de trabajadores fueron totalmente eliminados, junto con 2.600 millones de dólares en fondos de pensión pública. El contrato en Irak le fue otorgado después que la compañía fue multada 500 millones de dólares por la SEC ([siglas en inglés del organismo de supervisión del mercado de valores en Estados Unidos] por su fraude ilegal.

· Ocho de las dieciocho compañías con los principales contratos no tienen sindicatos. Casi todas tienen un historial de lucha contra todo esfuerzo de organización sindical.

El informe de USLAW también se refiere a los antecedentes de irresponsabilidad social de las corporaciones en cuestión. Encontró una prolongada historia de corrupción y soborno corporativo (Halliburton Corp., que sigue pagando un millón de dólares al año a su ex director Dick Cheney), de organización de ejércitos de mercenarios ((Dyncorp/Computer Sciences Corp.), y de años de cooperación con gobiernos represivos, desde el propio gobierno de Husein (de nuevo Halliburton, y Bechtel Corp. de San Francisco) hasta el antiguo régimen del apartheid en África del Sur (Fluor Corp.)

“Antes de que el régimen de Husein lo suprimiera, Irak tenía un movimiento sindical robusto y ampliamente representativo”, concluye el informe. [El gobierno anterior a Husein fue derrocado en 1956 en un golpe, parte de la guerra fría, organizado por la Agencia Central de Inteligencia, redacción] “Su legado asegura el semillero para el reestablecimiento de un movimiento sindical independiente con los derechos internacionalmente reconocidos de organización, negociación y huelga de los trabajadores. No obstante, las potencias ocupantes han invitado a Irak a corporaciones privadas con antecedentes establecidos de violaciones de los derechos sindicales, ecológicos y humanos. Esas corporaciones fueron elegidas por la administración Bush, que es considerada por muchos como la administración más enemiga de los trabajadores, de los sindicatos, en la historia moderna de EE.UU. Esto no promete nada bueno para el respeto de los derechos de los trabajadores en Irak”.

Si el arresto el mes pasado de Madi y de los trabajadores desocupados constituye un indicio, esa preocupación es justificada.

25 de agosto de 2003