Exasperación social, dificultades para concertar y violencia política en Argentina.

Julio Godio

Director del Instituto del Mundo del Trabajo (IMT)

12/11/05

Sumario

1. Dos sucesos preocupantes

2. Pobreza con desempleo y pobreza con empleo

3. La cuestión de la concertación social y la ausencia de las grandes empresas extranjeras

4. Conclusiones

1. Dos sucesos preocupantes

La situación económica, política y social de Argentina mejora constantemente. Pero, como reitera el Presidente Kirchner hemos “salido del infierno pero todavía estamos en el purgatorio”. Así, luego de las importantes elecciones nacionales celebradas el 23/10/05, pero en un cuadro de crecientes desigualdades sociales, han ocurrido un suceso que por sus características violentas debería ser preocupante.

El suceso fue el 1/11, cuando una multitud de usuarios del servicio de trenes TBA, que opera entre pueblos del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, ofuscada por los atrasos horarios y el hacinamiento en los vagones, organizó una concentración de repudio en la estación de Haedo, que desembocó en la destrucción del edificio de la estación y de decenas de comercios instalados en sus alrededores. Fueron detenidas 100 personas, la mayoría jóvenes.

En este grave hecho se habría comprobado que militantes del grupo “Quebracho” se incorporaron a la protesta y la transformaron en un ataque con bombas molotov contra el edificio de la mencionada estación. Rápidamente, también se aprovecharon grupos de vándalos, que procedieron a robar comercios. La policía de la provincia de Buenos Aires —por órdenes de su comando— no intervino hasta que, al final, cuando los ciudadanos enardecidos se habían retirado, alcanzaron a detener a militantes de Quebracho y a delincuentes comunes, pero también fueron detenidos ciudadanos ajenos a esos grupos.

Como valoración de este hecho —que no es el único de esta clase que se ha producido este año en el Gran Buenos Aires— se podría decir que en esta área geográfica en la que viven 10 millones de personas y que colinda con la Capital Federal, la compleja combinación entre miseria, desesperación social, delincuencia y presencia de diversas organizaciones piqueteras está conformando un cuadro social y político preocupante.

Como es sabido, el Gran Buenos Aires es un producto del proceso de urbanización generado por la industrialización por sustitución de importaciones (1935-1945); es el núcleo geográfico más importante en los orígenes del peronismo, y fue durante décadas ejemplo de la nueva “sociedad salarial”. Es un territorio urbano organizado por numerosas instituciones de la sociedad civil (clubes, centros recreativos, cooperativas, etc.). Es un territorio urbano cuyos dos cordones principales han sido tradicionalmente controlados por el Partido Justicialista (PJ), y todavía lo son.

Pero en los últimos treinta años la sociedad salarial que generaba estabilidad y cohesión social se erosionó por la descomposición de la estructura industrial. El desempleo, el subempleo y la precariedad laboral avanzaron enormemente sobre el empleo estable predominante hasta la década de los ’70. Surge el asistencialismo social como paliativo, monitoreado desde los municipios, principalmente por el PJ. Pero en el contexto de la desocupación estructural, la miseria y el “no-future” que afecta a un 40% de la población, a mediados de los años ’90 comienzan a desarrollarse los movimientos piqueteros, que movilizan a los desocupados.

Estos movimientos piqueteros tienen tres vertientes ideológicas: a) los pequeños partidos de izquierda clásicos (Partido Comunista, Partido Obrero trotskista y otros); b nuevas corrientes ideológicas de izquierda no tradicionales (Quebracho, corrientes “zapatistas”, espontaneístas y otras); y c sectores de católicos de izquierda (por ejemplo el Frente Trabajo y Vivienda de José D’Elia, ahora kirchnerista). Los movimientos piqueteros se instalan en los territorios delimitados por municipios. Desde la crisis de 2002 controlan parte de los Programas de Subsidios al Desempleo, y organizan comedores, cooperativas, etc.

Durante 2002-2004 la línea predominante en las organizaciones piqueteras fue la establecida por los partidos de izquierda: concentrar fuerzas y marchar sobre la Plaza de Mayo, en la Capital Federal. Esto es, organizar y movilizar a parte de los desocupados/as para cuestionar al poder central, es decir, al gobierno nacional, en la Plaza que simboliza tanto al poder como a la misma presencia del pueblo. Era una táctica efectiva, pero temporal. Pronto generó rechazos de sectores de las capas medias y de los trabajadores ocupados y sindicalizados. Los sindicatos miembros de la poderosa CGT se abstuvieron de sumarse a las movilizaciones piqueteras. A principios de 2005 la táctica “agitacionista” comenzó a mostrar su lado débil. El gobierno de Kirchner aprovechó esta debilidad comenzó a cerrar desde mitad del año en curso varios accesos utilizados por los movimientos piqueteros para movilizarse del Gran Buenos Aires a la Capital Federal (puentes y rutas).

Ahora parecería que la táctica aplicada por los partidos de la izquierda clásica (que por otro lado prácticamente desaparecieron como fuerzas electorales en las elecciones del 28/10) podría ser sustituida por la táctica de la izquierda no tradicional de trasladar el centro del conflicto a los municipios del Gran Buenos Aires. Se trataría de dirigir los conflictos sociales espontáneos y transformarlos en hechos de confrontación puntuales en los municipios. No es posible establecer si esta línea táctica podrá desarrollarse o no, pero no debería ser subestimada simplemente porque existen condiciones para su desarrollo. Partes del Gran Buenos Aires (y de otras ciudades, como Rosario, Córdoba, Mendoza, etc.) se han transformado en “Calcutas”. Con la diferencia que son habitados por familias con problemas de trabajo pero que recuerdan el pasado positivo de la sociedad salarial, y que cuentan con experiencias de movilizaciones sociales y sindicales. Son personas, la mayoría jóvenes sin futuro, dispuestas a movilizarse. Desde esta nueva perspectiva se podría analizar los graves sucesos de Haedo, en tanto en potencia incluyen la posibilidad de que en el Gran Buenos Aires se fortalezcan movimientos socio-políticos orientados a “ocupar” políticamente territorios, erosionando las capacidades y el d control efectivo del Estado.

2. Pobreza con desempleo y pobreza con empleo

He comentado un acontecimiento sumamente violento para sugerir que se debería prestar más atención al dato que en los conflictos sociales y laborales desde 2001 se evidencia un componente de “exasperación social” que podría extenderse y profundizarse en los próximos meses. Lo cierto es que la violencia social tiene su base en el hecho de que en Argentina la mitad de los trabajadores ocupados (casi 7 millones) gana menos de 550 pesos mensuales. Es decir, en un universo de 15.680.000 personas ocupadas, el 50% no alcanza a cubrir la canasta de alimentos, que llega a $809 para una familia tipo. Solo el 20% de los asalariados ganan más de 1.000 pesos.[1] Son datos oficiales de la Encuesta permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la primera mitad de 2005.

Entre los 7 millones se encuentran: a) los que reciben planes sociales de $150, y realizan alguna actividad laboral; en este grupo se afincan los movimientos piqueteros, pero también los aparatos clientelares de los partidos políticos; b) una gran parte de los trabajadores (4 millones de asalariados) que trabajan en negro, con promedio de $500 mensuales; c) un segmento de los 3,5 millones de cuentapropistas no profesionales con ingresos medios de $482 mensuales y un segmento de trabajadores estables y sindicalizados.

Los especialistas en temas laborales comienzan a hablar de la creciente convergencia social entre la “pobreza con desempleo” y la “pobreza con empleo”. La inflación (que este año supera el 10%) favorece objetivamente esa convergencia. No se descarta que podría dar lugar a una situación conflictiva grave de unificarse en el plano político. En el suceso de Haedo tenemos un hecho “micro” en el que convergen trabajadores/as del espacio de la “pobreza con empleo” con organizaciones piqueteras “duras” no tradicionales.

La Iglesia Católica, que por su implantación institucional en barrios y zonas populares es muy sensible a estos fenómenos de eclosión social, advierte sobre la posibilidad de grandes estallidos de violencia social. La Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Monseñor Bergoglio, lo ha reiterado el 12/11 en una carta pastoral titulada “Una luz para reconstruir la Nación”.

A partir de 2004 y durante los diez meses de 2005 se ha registrado un creciente proceso de huelgas de trabajadores asalariados sindicalizados. Durante este año también se ha registrado un importante regreso a la negociación colectiva: se firmaron unos 200 convenios colectivos de trabajo (actualización de cláusula salarial) que benefician a 1 millón de trabajadores. Pero los datos indican que las remuneraciones en el sector de los trabajadores formales son todavía muy preocupantes, a saber:

- el sueldo promedio de los trabajadores privados registrados es de $985 mensuales

- la mitad de los empleados públicos —un millón— cobra menos de $750.

- la mitad del personal doméstico —500.000— gana menos de $230 mensuales

El mapa salarial da cuenta de grandes insatisfacciones para diferentes categorías de trabajadores y sus familias, ocupados y desocupados. Es necesario recordar que la Argentina ha sido desde décadas una sociedad salarial con un movimiento sindical fuerte. La crisis de 2001 no fue una crisis clásica de país tercermundista, sino de un país capitalista con índices de cohesión social propio de países desarrollados. De allí que sería inteligente no ver en el universo de pobreza, desempleo y empleo sólo las diferencias (que, por ejemplo, separan al trabajador desocupado del ocupado) sino captar que entre las distintas categorías existen vasos comunicantes, vinculados por la percepción compartida de la pérdida común de las conquistas de la antigua sociedad salarial.

3. La cuestión de la concertación social y la ausencia de las grandes empresas extranjeras

En los últimos meses ha vuelto a cobrar fuerza la posibilidad de concretar un acuerdo social entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para establecer reglas explícitas frente a la “puja distributiva. Con apoyo técnico del Consejo Económico-Social de España (CES), se está analizando la posible organización de un CES en Argentina.[2]

Es importante destacar que como parte de la concertación, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT han comenzado a considerar, todavía informalmente, la posibilidad de llegar antes de marzo de 2006 a un acuerdo sobre precios, salarios, inversiones, indemnizaciones, ley de riesgos de trabajo y empleo no registrado. Según voceros de la UIA y la CGT, serán invitados a participar la Sociedad Rural y las Cámaras de la Construcción y del Comercio.

Existe preocupación entre empresarios y sindicalistas por establecer acuerdos salariales que se ajusten a la inflación prevista para 2006 (10%). Esa preocupación es mayor, dado que se ha producido un rebrote en los precios, el incremento de la tasa de interés local afecta las inversiones y están pendientes las negociaciones de contratos con las empresas privatizadas de servicios. Pero, como hemos analizado, no será fácil acordar topes salariales en un mercado laboral que se caracteriza por sus bajos salarios, por la creciente reactivación sindical y la inexistencia de instituciones de concertación estables.

El Ministro de Economía, Roberto Lavagna, preocupado porque las negociaciones entre sindicatos y empresarios no conduzcan a acuerdos laborales compatibles con la política económica actual, se ha adelantado, asumiendo funciones que son propias del Ministerio de Trabajo, y ha anunciado que en el ámbito del Ministerio de Economía se están preparando dos leyes sobre a) reducción de las indemnizaciones por despidos y b) de riesgos de trabajo. Esos proyectos satisfacerían los reclamos empresarios, pero han originado desaprobación en los sindicatos. Al mismo tiempo, la actitud del Ministro de Economía de asumir temas laborales (que en realidad son temas interministeriales) parece haber desubicado al Ministro de Trabajo.[3]

Lo cierto es que el clima sindical podría enrarecerse en momentos en que el gobierno se orienta a adoptar medidas económicas restrictivas para estabilizar los precios. El gobierno no desea “enfriar” la economía como sugiere el FMI (y dejar caer al dólar), pero al mismo tiempo ha decidido recortar el gasto público. No habrían durante 2006 aumentos en jubilaciones, salarios del sector público ni en los planes de subsidio al desempleo. Esto se complementa con los mencionados proyectos de leyes de reducción de indemnizaciones por despido y de riesgos de trabajo.[4] Parece consolidarse un nuevo estilo en esta segunda etapa de la administración Kirchner. La derecha ya no podría hablar ahora del “populismo” de Kirchner. Pero costo político para el gobierno es que podría tener que enfrentar conflictos sociales y laborales agudos.

Es interesante destacar que las diferentes negociaciones entre los sindicatos y las organizaciones empresarias para encontrar puntos de acuerdo, se desarrollan sin la participación de las grandes empresas controladas por el capital extranjero. Estas generan el 75% del valor que producen las principales 1.000 empresas que existen en el país.[5] Las grandes asociaciones que agrupan a esas empresas no están incorporadas, pero tampoco parecerían estar demasiado interesadas en participar activamente en las negociaciones laborales en curso en la mesa de negociaciones.

De modo que la concertación económico-social, de concretarse, podría carecer de la participación formal de las principales empresas extranjeras existentes en el país. Pero además, debe señalarse que estas empresas líderes —donde se localizan las empresas públicas privatizadas— analizan la posibilidad de aumentar salarios “diferenciales”, pensando beneficiar solo al 67% de la dotación. Las empresas líderes consideran difícil que los aumentos salariales puedan limitarse en 2006 a la tasa de inflación (que calculan en 10,6%), porque los sindicatos están exigiendo entre un 30% y un 35% de aumento. Sin embargo, si bien las empresas prevén que habrá huelgas, estas no afectarán a la producción.[6]

4. Conclusiones

Se ha escogido un acontecimiento —los sucesos de Haedo— para mostrar que conflictos sociales que podían conducir a soluciones consensuadas pueden terminar en graves hechos de violencia social y política. Es un caso testigo. No es el primero en estos años de turbulencias económicas y políticas en el país. Se le debe prestar atención, porque indica un “estado de exasperación” que podría —si bien no inevitablemente— generar explosiones socio-políticas de magnitud. Siempre el trasfondo de esos sucesos es una combinación entre malestar por bajos salarios, precariedad laboral, desempleo sensación de humillación por falta o el mal funcionamiento de algunos servicios públicos (en nuestro caso, el transporte ferroviario),etc.etc.

El gobierno de Kirchner comienza su segunda etapa política. Los resultados electorales lo favorecen. Pero deberá enfrentarse con serios problemas económicos que han determinado que el gobierno se decida por políticas económicas cercanas a la ortodoxia, en particular con el congelamiento del gasto público.

Los sindicatos y las organizaciones empresarias parecerían comprender el momento político-económico, y se aprestan para concertar aumentos salariales dentro de las pautas de inflación fijadas por el gobierno (10%) para 2006. Las posibilidades de establecer un Consejo Económico-Social son ciertas. Pero las empresas líderes —en particular las empresas extranjeras- no participan de esas negociaciones en curso. A la concertación posible le falta, por lo tanto, una pata fundamental: el “núcleo duro” de empresas que hoy movilizan a la economía nacional.

La presión de los trabajadores asalariados por aumentos salariales por encima de la inflación será constante y muy fuerte en algunas ramas y sectores de la economía. Pero, la capacidad de grupos radicalizados para canalizar la “protesta obrera” es baja, dado el fuerte control de los sindicatos de la CGT (lo que no excluye huelgas organizadas a partir de comisiones internas y cuerpos de delegados al margen de las direcciones sindicatos oficiales como ya ha ocurrido en 2004-2005). Por el contrario, en los conflictos sociales generados espontáneamente, grupos políticos pequeños pero decididos pueden liderar a los sectores exasperados y provocar fuertes y violentas confrontaciones.

En síntesis: 2006 será un año de alta conflictividad social y laboral en Argentina. Existe el peligro de que se produzcan explosiones sociales en un país que todavía experimenta una grave crisis política, pese a las crecientes capacidades político-institucionales de “ordenamiento” que demuestra el gobierno de Kirchner.

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[1] “La mitad de los trabajadores gana menos de 550 pesos mensuales”, Clarín, 11/11/05.

[2] “El acuerdo social sólo servirá si se establece para el largo plazo”, Clarín, 31/10/05.

[3] “Nace el Plan de la Sintonía Fina”, Página/12, 11/11/05.

[4] “Paquete con varios mensajes”, Página/12, 11/11/05.

[5] “El 75% de las ventas son de firmas de capital extranjero”, Clarín, 7/11/05.

[6] “Prevén un clima conflictivo por los reclamos salariales”, La Nación, 9/11/05.