En un pulso sin precedentes con el rey Mohamed VI, centenares de presos islamistas comenzaron el pasado 2 de mayo una huelga de hambre indefinida en 14 cárceles del país. Las autoridades intentan negociar el fin de la protesta, que ya se ha cobrado la primera víctima: un joven que iba a ser liberado en dos meses. Organizaciones de derechos humanos han denunciado malos tratos, torturas y aislamiento aplicados a los reclusos
CARLA FIBLA - 13/05/2005. Servicio especial RABAT.- Jalid Bukri fue condenado a cinco años de cárcel tras un juicio rápido dentro de la severa campaña que las autoridades marroquíes realizaron tras los atentados de Casablanca. Poco después de entrar en la prisión de Sidi Kacem, en Kenitra (a 40 kilómetros al norte de Rabat), la sentencia fue reducida a dos años. Pero el pasado martes, en los circuitos de derechos humanos del Magreb en internet, empezó a circular que Jalid Bukri se había convertido en la primera víctima mortal de la huelga de hambre organizada para reclamar justicia al haber fallecido en su celda.
El Gobierno marroquí confirmó pocas horas después la muerte y, en la escasa información que se facilitó, se aseguró que el preso no participaba en la huelga de hambre general de los presos islamistas.
En cambio, no ha habido ninguna reacción oficial a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y a las peticiones de ayuda de la Asociación Annasir de defensa de los derechos de los presos islamistas, que engloba a 500 personas, sobre los malos tratos, las torturas y el aislamiento al que están siendo sometidos los supuestos miembros del grupo Salafiya Combatiente.
Representantes de esta asociación se encontraban entre las 300 personas que se manifestaron ayer en Rabat, frente a la sede del oficial Consejo Consultivo de los Derechos Humanos. La mayoría eran mujeres cubiertas con velo que portaban retratos de sus familiares.
Los salafistas quieren que sus juicios sean revisados y que el rey Mohamed VI permita una investigación seria y fidedigna sobre la gestación y ejecución de la cadena de cinco atentados que el 16 de mayo del 2002 sembraron el terror en Marrakech.
Mientras el país se prepara para celebrar el segundo aniversario del trágico acontecimiento, en el que perdieron la vida 45 personas, los presos islamistas están dispuestos a llegar hasta el final. Según informó el periódico islamista Attajdid,el viernes pasado una delegación oficial compuesta por un responsable del Ministerio de Justicia, el fiscal general del rey y un delegado de la dirección general de Cárceles, visitó la prisión de Salé (la ciudad gemela de Rabat) e intentó convencer durante dos horas a la representación de los presos en huelga para que abandonaran su protesta. La respuesta de los salafistas fue negativa.
El fiscal general del rey también acudió a la cárcel de Agadir para conocer la situación de los huelguistas. Pero en la cárcel donde la huelga está evolucionando hacia un enfrentamiento mayor es en la de Kenitra. Los huelguistas han reclamado la destitución del director de la cárcel, al que han pedido que asuma sus responsabilidades por las torturas que ha autorizado para reprimir la huelga de hambre.
El semanario independiente Al Ayam,que asegura que la huelga está siendo seguida por al menos 700 presos, explica en su actual edición que los cuatro jeques o líderes espirituales de la Salafiya Yihadiya, Abu Hafs, Fizazi, Kitani y Hadushi, han sido aislados del resto de seguidores del movimiento después de confiscarles los teléfonos móviles con los que coordinaban a los huelguistas de los otros centros penitenciarios.
En el comunicado emitido por los jeques relatan que “los funcionarios de la cárcel entraron en el ala donde estaban los jeques y agredieron física y verbalmente al jeque Abu Hafs (…) le tiraron al suelo, le insultaron y le causaron heridas”.



