Un nuevo escándalo relacionado con la inmigración ha sacudido a la opinión pública española. La sobresaturación de inmigrantes ilegales en Canarias ha llegado al límite y las quejas de Coalición Canaria, partido que ha prestado su apoyo parlamentario al PSOE, ha formulado, se han traducido en una iniciativa miserable en la que los socialistas han dado la medida de su cinismo. En efecto, los inmigrantes ilegales que habían llegado a Canarias, están siendo evacuados en vuelos hacia la Península, clandestinamente. Los funcionarios policiales los ponen en libertad en plena calle y… solamente en las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La mayoría de estos inmigrantes son subsaharianos con problemas de salud: VIH o tuberculosis. En estas condiciones, soltados en plena calle, sin medios de subsistencia, sin dinero en el bolsillo, estos subsaharianos –sin esperanzas de poderse reciclar en el mercado laboral- se convierten en una carga para la comunidad autónoma en donde son abandonados.
Esta innoble medida del partido socialista es una muestra de su doble lenguaje: de un lado se alaba el papel de la inmigración en la construcción de la “España del futuro” y de otro, se es perfectamente consciente de los problemas que genera y… por eso se remiten a las comunidades autónomas gobernadas por el partido rival.
El Consejo de Ministros del viernes 28 de enero aprobó un plan de traslados con el objetivo de mejorar la situación de los inmigrantes desplazados desde Canarias a la Península que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó que con la iniciativa aprobada hoy se asegura que “no habrá ningún inmigrante que quede abandonado a su suerte”. Caldera recordó, que aunque estos viajes de Canarias a la Península comenzaron con el anterior Gobierno del PP, el actual Ejecutivo “no estaba de acuerdo en cómo se estaban llevando a cabo” y por eso ha puesto en marcha este protocolo de asistencia.
El objetivo del Ejecutivo, consciente de la existencia de un número significativo de personas inmigrantes que carecen de documentación o que no pueden ser expulsadas a sus países de origen debido a la falta de instrumentos bilaterales que lo hagan posible, es la de promover las condiciones de acogida más favorables para los inmigrantes. Lo que implica subvenciones que se unen a la asistencia médica gratuita, a las ayudas sociales y a las becas de estudio para los hijos.
Lo más grave es que todos estos inmigrantes, sin excepción, proceden de Marruecos. El gobierno marroquí ha firmado acuerdos, tanto con la UE como con España, según los cuales se haría cargo de los inmigrantes repatriados que partieran de sus costas y que se negaran a confesar su nacionalidad y lugar de origen. Pero Marruecos nunca ha respetado estos acuerdos y el presidente Zapatero carece de energía suficiente como para exigir al gobierno de Rabat el cumplimiento de aquello que ha firmado. En consecuencia, los inmigrantes ilegales que se niegan a reconocer su nacionalidad –todos- no pueden ser repatriados y se convierten en inmigrantes inexpulsables. Los acuerdos firmados con Argelia, Mauritania y Guinea-Bissau, y en tramitación interna, con Nigeria. Países como Camerún, Gambia, Senegal, Ghana, Mali y Guinea-Conakry todavía se encuentran en vías de negociación y no hay absolutamente ninguna esperanza de que puedan concretarse en una aceleración de los trámites para lograr la repatriación expeditiva capaz de cortar el “efecto llamada” que, día a día, se deja notar con fuerza acumulativa.