PARÍS/MADRID (Reuters) - El ministro del Interior, José Antonio Alonso, intentó tranquilizar el jueves a sus homólogos en el G5 - Francia, Italia, Alemania y Reino Unido - de que la regularización de inmigrantes irregulares llevada a cabo en España no va afectarles. “Es una solución buena para España, buena para Europa, pero no necesariamente para otro país”, declaró Alonso tras finalizar la reunión celebrada en París.

“Respetamos las consignas, los pareceres de la Unión en conjunto, como lo respeta Francia, como lo respeta Alemania y como lo respetan otros países, cada uno tiene sus propias recetas”, dijo.

Francia está en vísperas de aprobar un plan de lucha contra la inmigración irregular preparado por su ministro del Interior, Dominique de Villepin, que excluye cualquier legalización masiva de los entre 200.000-400.000 clandestinos que se estima hay en el país.

“Francia apoya, reconoce y respeta el proceso de legalización español, porque entre otras cosas ni ha producido ‘efecto llamada’ ni va a repercutir a la hora de lanzar inmigrantes ilegales a la UE sino todo lo contrario”, explicó el ministro español.

Alonso precisó que los 700.000 inmigrantes que se acaban de regularizar en el proceso concluido el pasado día 7 “se quedarán en España y trabajarán en España”.

Interior precisó en un comunicado: “Los inmigrantes regularizados quedan vinculados a nuestro país y se reducen las posibilidades de que se desplacen a otros países de la UE”.

En Francia, las asociaciones de defensa de los inmigrantes han denunciado el plan Villepin y pidieron al ministro del Interior que siga el ejemplo español o italiano.

“Las decisiones españolas no implican que una persona inmigrante en España va a poder trabajar en Francia, esta exigencia lo ha precisado muy claramente José Antonio Alonso, y claro, es un elemento de satisfacción para nosotros, como para los ingleses, alemanes e italianos”", aseguró el ministro francés ante los periodistas.

Al final del encuentro los ministros adoptaron una declaración común en la que prevén reforzar la lucha contra la inmigración irregular.

Acordamos la puesta en marcha, bilateral y multilateral, de controles reforzados en las fronteras interiores del espacio europeo, especialmente en el sector de los transportes internacionales: trenes, autocares, barcos y aviones”, subrayaron en el texto.

“El G-5 ha acordado impulsar la armonización de las condiciones económicas que se exigirán a los ciudadanos de terceros países. Se exigirá un mínimo por día y persona (que oscilará entre los 30 y los 60 euros) y (…) que posean un seguro médico”, indicó el comunicado español.

“Este seguro no debe limitar la asistencia que prestan los servicios públicos de salud, especialmente a los colectivos más vulnerables como los menores o las mujeres embarazadas”, precisó.

POLICÍA DE FRONTERAS

España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido anunciaron también que van a reflexionar sobre la creación de un cuerpo policial europeo de intervención en las fronteras exteriores de la Unión.

“Necesitamos una fuerza rápida que en caso de crisis pueda permitirnos actuar muy rápidamente en las fronteras exteriores de Europa”, dijo Villepin.

La Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores se creó el 1 de mayo, y ahora los ministros subrayaron su voluntad de dotarla de los medios necesarios para su funcionamiento.

Respecto al futuro código comunitario sobre el traspaso de fronteras, la intención es que establezca “el mantenimiento de procedimientos lo suficientemente laxos y eficaces que permitan, si las necesidades de orden público lo exigen, reintroducir de manera temporal los controles en las fronteras”.

Igualmente se podrían realizar controles aleatorios y específicos cerca de las fronteras interiores para luchar contra la inmigración ilegal.

El Ministerio del Interior español añadió que los cinco expresaron su apoyo al “sí” en el referéndum sobre el tratado constitucional europeo que se va a celebrar en Francia el 29 de mayo.