MADRID, 10 (EUROPA PRESS) .- Representantes de diversas ONG de inmigrantes advirtieron hoy de que es necesario acompañar el proceso extraordinario de normalización de trabajadores extranjeros, que se cerró el pasado sábado, de toda una serie de medidas de integración. “Nada adelantamos con regularizar a la gente si no creamos espacios de integración y convivencia. Hacemos un llamamiento para que alcance cuanto antes un Pacto de Estado de inmigración”, explicó Pedro Álvarez, del Voluntariado de Madres Dominicanas (VOMADE).

Se referían también a la necesidad de articular medidas de prevención que eviten situaciones de racismo como las que se están produciendo estos días en el madrileño barrio de Villaverde, a raíz del asesinato de un joven español presuntamente a manos de otro joven de nacionalidad ecuatoriana. A su juicio, otros barrios de la capital española presentan un diagnóstico similar, que puede dar lugar a conflictos, como el distrito Centro, Tetuán y Usera.

Alvarez señaló que al barrio de Villaverde le faltan recursos para la implementación de medidas sociales que favorezcan una adecuada integración de todos y requirió más presupuesto a las autoridades en este sentido. Además, criticó la utilización que miembros de la extrema derecha hacen de estos hechos.
Por ello, tanto desde VOMADE, como desde la Asociación Española de Solidaridad con Colombia (AESCO), Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, Ari Peru, Aculco y Fenade, reclaman a las autoridades políticas “cuanto antes” un Pacto de Estado de Inmigración que equipare derechos.

VALORACIÓN POSITIVA DE LA NORMALIZACIÓN

Estas organizaciones valoran positivamente el proceso extraordinario recientemente terminado, aunque consideran que la Administración debería haberle dado una mayor flexibilidad, especialmente en lo que se refiere al empadronamiento por omisión.

“De haber tomado antes la decisión, podrían haberse beneficiado más inmigrantes de ella”, aseguró Yolanda Villavicencio, de AESCO.

En cualquier caso, entienden que este proceso está exclusivamente dirigido a inmigrantes trabajadores y, por ello, ya se han puesto a trabajar en todas las vías que el Reglamento contempla para la regularización de extranjeros que no trabajan, como son los menores de 16 años, cónyuges y mayores de 64 años.

“Nuestras asesorías jurídicas se comprometen a estudiar las expectativas que abre el Reglamento de Extranjería para aquellos compañeros que no han podido entrar en este proceso, a fin de que puedan regularizar su situación de forma inmediata”, recalcan.

Se trata de que estas personas, que permanecen en la irregularidad, y que el Gobierno ha cifrado en unas 400.000 aunque las ONG aseguran que son más, puedan beneficiarse de las figuras del arraigo social y laboral e incluso obtener un permiso por razones humanitarias.