El actual gobierno es ilegítimo en su origen. Entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 el PRISOE provocó un vuelco electoral mediante la proyección de una falsa autoría islamista, presentada como venganza de AlQeda por la intervención en la guerra de Iraq. No fue un simple atentado contra el PP. Se pergeñó un golpe de Estado para erigir a un gobierno con la misión de demoler a España como realidad nacional unitaria. El comportamiento del PSOE en esos días y en las fechas inmediatamente posteriores fue, en el mejor de los casos, el de encubrimiento de los reales autores del atentado del 11-M, mediante la eliminación de pruebas, la creación de pistas falsas y la falsificación de informes policiales, culminando todo ello con el “suicidio” de algunos confidentes y camellos en el plató de Leganés.

Vino a continuación la burla de la propia legalidad constitucional que ha implicado la aprobación del Estatuto de Cataluña mediante una simple ley orgánica, constituyendo contra España una “nación” que sirve de modelo a toda una recua de nuevos estatutos disgregadores.

Se ha añadido a esto la colaboración política con banda armada. El PRISOE ha actuado durante meses como blanqueador y protector de los terroristas etarras, tras haber acordado con ellos la desmembración de España. Comenzó legalizando una franquicia de Etasuna y luego, tras pactar con los terroristas una declaración de tregua, les ha permitido la ocupación de la escena política, la extorsión mafiosa, violencia callejera y el rearme, en una sabia administración conjunta del terror para reducir al silencio a los españoles de las Vascongadas y propiciar el desistimiento del resto de nuestros compatriotas con ayuda del fraude de la “Paz”.

En apoyo de ese “proceso de paz”, y aprovechando los resortes espúreos ya presentes en el régimen, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha convertido a diversos jueces en prevaricadores, a los fiscales en abogados de los terroristas separatistas y a sectores de policías en chivatos que previenen a los etarras de las redadas de otros policías. Trata a las víctimas del terrorismo como “enemigos de la paz”. Persigue con saña a los miembros de las fuerzas de seguridad que quieren cumplir con su deber.

Sin embargo, en los meses posteriores a la tregua, en los que Rodríguez Zapatero afirmaba que “verificaba la voluntad de paz de ETA”, lo que ha verificado realmente ha sido un descrédito creciente y claros signos de pérdida de apoyo electoral. Por ello ha debido escenificar con ETA una “ruptura del diálogo”. Las dos víctimas causadas por el atentado de ETA en Barajas el pasado 30 de diciembre han complicado esta maniobra zapateril. Pero para Rodríguez se trata tan sólo de “accidentes” que no deben interrumpir la marcha hacia la “Paz” y, en cuanto sea posible, la reanudación del “diálogo” (que no ha cesado entre bastidores ni un solo momento).

Entretanto, un incipiente movimiento de resistencia española se ha hecho presente en las calles. En previsión de que sean insuficientes las medidas de represión normales, que incluyen las detenciones ilegales de adversarios políticos, Rodríguez Zapatero se está dotando de una guardia pretoriana con atribuciones de autoridad policial.

A la vez, su gobierno golpea sin cesar al mundo del trabajo con medidas que extreman la precariedad del empleo, el alza del coste de los servicios y de los impuestos indirectos y refuerza la erosión de las condiciones laborales de los españoles alentando las avalanchas migratorias.

La “alianza de civilizaciones”, que a escala internacional es sólo una flatulencia ideológica seguida con irrisión, opera sin embargo en nuestro país como cobertura de una insidiosa penetración islámica y del proyecto de entrega de territorios españoles a la monarquía alauí.

El régimen del 78 en su conjunto mantiene una pasividad ante esta situación que convierte en cómplices a todos, empezando por el Rey, que calla y otorga, e incluyendo al PP, que presta legitimidad de fondo ejerciendo una oposición de baja intensidad, temeroso de resquebrajar los cimientos del sistema del que es partícipe.

Ante esta situación, el Partido Nacional Republicano plantea la necesidad de la ruptura democrática con el actual régimen. Postula la apertura del proceso constituyente de una república democrática presidencialista que preserve la integridad de la Nación española y garantice una auténtica soberanía popular.

A este objetivo le corresponde un sólo camino: la movilización general, tenaz y cada vez más contundente del pueblo español. Ni los recursos ante los actuales órganos jurisdiccionales, ni las recogidas de firmas, ni las mociones de censura, ni las elecciones generales bajo el Borbón, convocadas por sus gobiernos, pueden aportar salidas decisivas a la crisis nacional que nos atenaza. Sólo la acción masiva y directa del pueblo español, su rebelión democrática en las más diversas formas, puede abrir las vías del triunfo sobre los enemigos mortales de la Nación.

El Partido Nacional Republicano considera que el nervio central de esa movilización ha de ser la exigencia de esclarecimiento de los atentados del 11-M, el apoyo a las víctimas del terrorismo y la oposición a las componendas entre el gobierno de los trenes y la banda separatista ETA.

Pero, junto a esos ejes fundamentales, existen otros que deben ser también incorporados a la lucha: la defensa de la lengua española allí donde se pretenda erradicar; la oposición a la inmigración ilegal y restricción de la legal; la defensa de las libertades democráticas, contra la censura y represión de los españoles y la resistencia a la precariedad laboral.

El Partido Nacional Republicano insiste en la conveniencia de poner en pie formas unitarias de organización territorial, con vocación unitaria, no sólo para coordinar el impulso de las mencionados ejes, sino además con un horizonte más general y ambicioso: la movilización generalizada del pueblo español hasta la conformación de un gobierno de regeneración nacional surgido de la lucha y sustentado en ella.

Este gobierno de regeneración nacional, de carácter provisional, debería elaborar un proyecto de constitución republicana y asegurar las condiciones de libertad necesarias para que el pueblo español pueda ser convocado a consulta sin que medie ninguna coacción del terrorismo separatista o de cualquier otra índole. Debería igualmente adoptar medidas socio-económicas de emergencia para paliar la situación que aflige a los trabajadores.

En ese camino, denunciaremos toda convocatoria de referendos de autodeterminación celebrados con permiso de la monarquía en los territorios sometidos al separatismo. Incluso de aquellos que sin ser de autodeterminación, proclamen la existencia de otra nación que no sea la española, como es el caso del previsto próximamente en Andalucía.

Secretaría General del Partido Nacional Republicano
Enero de 2007