VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS) .- La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, afirmó hoy que el Gobierno Central debe “reflexionar muy seriamente” sobre “las consecuencias humanas” del “arbitrario” proceso de normalización llevado a cabo por el Gobierno Central ya que señaló que, según datos de su departamento, cerca de 230.000 inmigrantes pueden haberse quedado sin regularización su situación en la Comunidad Valenciana. Al respecto, apuntó que a fecha 1 de enero de 2005 Había 572.800 extranjeros empadronados en la Comunidad Valenciana, y que a 31 de marzo de 2005, eran 237.679 los extranjeros con autorización o tarjeta de residencia, con lo que “queda claro que el número de empadronados en situación irregular era de 335.174″.
Sin embargo, señaló que, según datos del Ministerio del Interior para la Comunidad Valenciana, finalizado el plazo establecido para el proceso de regularización, el número de solicitudes presentadas ha sido de 106.711. “Es decir, incluso con las modificaciones introducidas por aplicación del procedimiento del ‘padrón por omisión’, la Comunidad Valenciana seguirá teniendo aproximadamente una bolsa 230.000 extranjeros ’sin papeles’”, lamentó. Además, apuntó que a esta cifra habrá que sumar el número de expedientes rechazados al cierre del estudio de las solicitudes.
De Miguel subrayó que estos datos de la conselleria contrastan con la afirmación del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, quien cifró en 20.000 las personas excluidas.
Asimismo, señaló que durante 2005 la población inmigrante empadronada en la Comunidad Valenciana aumentó en un 100 por ciento, con respecto al incremento del año anterior, mientras que en 2003 el aumento fue de 50.557 extranjeros; en 2004 se duplicó. “Es evidente –agregó– que estamos sufriendo las consecuencias del efecto llamada debido al caótico proceso de regularización llevado a cabo por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero”.
En ese sentido, expuso que es “muy beneficioso” que haya personas que vengan a vivir y trabajar en la Comunidad Valenciana y que es “muy positivo” que se regularice su situación, pero “lo malo”, adujo, es que “la política del Gobierno Central empieza y acaba con los papeles”. “No hay nada más”, recriminó.
“OLVIDARSE DE LOS INMIGRANTES”
Así, apuntó que se han dado papeles “a toda costa, como sea, incluso permitiendo insólitas condiciones de empadronamiento, y se ha olvidado que las personas inmigrantes necesitan atención e integración, y que hace falta un Plan Nacional para garantizarles igualdad de oportunidades y, por supuesto, unas condiciones de vida dignas”.
“Creemos que el Gobierno Central no sabe lo que hace, ni sabe lo que lleva entre manos porque con el proceso de regularización, se ha metido en un charco ya que a penas ha sido capaz de anunciar una cantidad ridícula de 120 millones de euros para atender a esta población en toda España, que es prácticamente la tercera parte de lo que el Gobierno Valenciano destina cada año”, criticó al tiempo que agregó: “además, el proceso ha generado problemas en vez de resolverlos porque sigue habiendo personas inmigrantes en situación ilegal, sigue habiendo personas inmigrantes que viven en riesgo de exclusión social”.
Frente a esta “política errática”, destacó que el Gobierno Valenciano “reitera su compromiso y preocupación” por las personas inmigrantes, y apuesta por su plena integración, con derechos y deberes, con medidas como el recientemente aprobado Plan de la Inmigración, que coordinará todas las políticas del Consell destinadas a la integración con una inversión de 939 millones de euros, según ha explicado la consellera.
“El Plan de la Inmigración tiene como objetivo garantizar la integración social y laboral de la población inmigrante, proponiendo las políticas sectoriales necesarias para su adecuada atención, buscando el consenso y la participación del mayor número de instituciones y organizaciones implicadas en el fenómeno migratorio, y se asienta sobre un modelo social integrador que incluye tanto a las personas inmigrantes como a las personas pertenecientes a la sociedad receptora de la inmigración”, apostilló.